El Estado debe intervenir fuertemente en la educación, garantizando la escolaridad básica, fomentando la escolarización temprana y proveyendo oportunidades para la formación integral y el desarrollo social y cultural de la ciudadanía.
En esta dirección, el esfuerzo conjunto del Estado Nacional y el Estado Provincial pone en marcha al PIIE (Programa Integral para la Igualdad Educativa), lo que implica asumir en forma conjunta la responsabilidad de atender las necesidades de aquellos sectores sociales en situación de extrema vulnerabilidad.

La población más desfavorecida encuentra en la escuela un lugar de posibilidades para sus hijos. Ampliar estas posibilidades exige fortalecer y repensar la escuela, las prácticas pedagógicas y las responsabilidades públicas.